El Gobierno de Maduro acusa a varias ONG de estar involucradas en estructuras terroristas

La fuerte acusación de Diosdado Cabello ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir un comunicado en el que rechaza las declaraciones del ministro, que considera «estigmatizantes». «Estas afirmaciones se dan en un contexto de persecución y criminalización contra voces críticas, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y opositores».

Por su parte la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) se sumó al rechazo de las palabras del ministro de Interior. «Las declaraciones criminalizan la defensa de derechos, ponen en riesgo a sus miembros y desconocen el debido proceso», señaló la organización, que al mismo tiempo ha reclamado al Gobierno venezolano la liberación inmediata de Eduardo Torres, abogado y activista de Provea, que ha cumplido 25 días detenido e incomunicado, sin acceso a visitas de su familia y de abogados de confianza.

Diosdado apoyó su grave acusación en documentos supuestamente hallados en el teléfono del opositor Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de María Corina Machado y que fue arrestado a finales de mayo. El 'número dos' del chavismo sostiene que los datos escritos de puño y letra por Guanipa registraban las financiaciones y en uno de ellos pedían la eliminación de personas que dirigen «los partidos del pueblo patriota». «Todos los responsables están detenidos y todo el que venga apareciendo lo vamos a detener. No nos importa que vengan con el cuento de defensores de derechos humanos. Nadie que se sume a la defensa de los DDHH puede hablar de atentar contra la tranquilidad de un país, y en pensar en atacar hospitales con explosivos».

El otro frente del Gobierno de Maduro se centra en Estados Unidos, después que la Administración de Donald Trump haya advertido a todos los ciudadanos estadounidenses que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria.

La respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro no se hizo esperar. Emitió una alerta máxima advirtiendo el riesgo que corrían de intentar entrar en Estados Unidos. Es un país peligroso, decía el mensaje, donde los derechos humanos no existen para los migrantes y recomendaba cancelar de inmediato viajes planificados. «Las detenciones arbitrarias, el racismo asesino y la hipocresía institucional» eran la base de la alarma.

Según una encuesta del Laboratorio de Ciencias Sociales, un millón de venezolanos planea marchar del país obligado por la situación política y el alto coste de la vida. Pero no consideran a Estados Unidos uno de sus destinos preferidos ante las deportaciones efectuadas y autorizadas el pasado 30 de mayo por el Tribunal Supremo del país norteamericano y que revocaba el estatus de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya contaban con el permiso de permanencia temporal. Tampoco el vecino país de Colombia es un destino ya seguro. Solidario con los ciudadanos que huían del régimen chavista, el Gobierno de Bogotá ha comenzado a restringir su colaboración.

La diáspora venezolana, que comenzó con la llegada del chavismo al poder, está cifrada en 9,1 millones de ciudadanos. El destino preferido parece ser ahora España, donde informes cerrados hace un año situaban a 390.000 venezolanos en este país.