Un alcalde de Las Merindades de origen vizcaíno denuncia amenazas, ataques y la desaparición de sus gatos

«Creo que se han llevado a mis gatos y los han matado», dice, apesadumbrado. La situación en esta pequeña localidad de apenas un centenar de habitantes es «insostenible». Castresana no lo puede asegurar pero sospecha de un vecino. El próximo lunes tiene un juicio contra él por la supuesta realización de pintadas contra su persona. En el fondo del asunto está, según asegura, una serie de medidas adoptadas como alcalde que no han gustado a determinadas personas. Una polémica decisión ha sido, por ejemplo, la colocación de una señal de prohibido aparcar en un punto de El Ribero.

En estos últimos meses, Castresana ha presentado varias denuncias ante la Guardia Civil. «Me han cortado todos los frutales de mi finca, rayado el coche, me han echado decapante en la carrocería, me han roto los cristales del txoko... Y han atacado bienes que son propiedad de todo el pueblo, como la antena de televisión, el punto limpio o el lugar donde nos reunimos todos para realizar eventos... Están perjudicando a todos los vecinos. No lo entiendo», lamenta.

Los ataques contra Castresana, que también es concejal de la oposición en el Ayuntamiento de la Merindad de Montija (800 habitantes), no son los únicos hechos violentos denunciados por cargos electos en la zona. A sólo 8 kilómetros de distancia de El Ribero, en Espinosa de los Monteros, una edil del PP puso en conocimiento de la Guardia Civil que la habían intentado quemar el coche. Y otro representante del PSOE sufrió un sabotaje en una cabaña que tiene en el monte. Sucedió a mediados de enero. Las fuerzas de seguridad no han esclarecido aún la autoría de estos hechos.

El ambiente está enrarecido en esta parte de Las Merindades. Castresana también estuvo de actualidad recientemente porque denunció públicamente que el alcalde de Merindad de Montija, Florencio Martínez (PP), percibía ingresos del Ayuntamiento, de la Mancomunidad y seguía cobrando su jubilación. Se originó un gran revuelo y el regidor popular tuvo que renunciar a su pensión. Durante algún tiempo se organizaron manifestaciones en el municipio contra Florencio, pero Castresana cree que este asunto no está relacionado con la desaparición de sus gatos ni los últimos ataques sufridos.

«Las últimas acciones socavan la convivencia pacífica y el respeto que debe prevalecer en nuestro pueblo», dice el alcalde de origen vizcaíno. «La Junta Vecinal se mantendrá firme en defensa de los valores democráticos y del patrimonio común, y no cederá ante la intimidación ni la violencia», añade. «Todos los atentados están siendo investigados por la Guardia Civil y sentaremos ante la Justicia a sus responsables». Mientras tanto, espera en que Negrito, Tigre y Rubito regresen algún día a casa. La muerte premeditada de gatos constituye un delito de maltrato animal castigado con penas de has 24 meses de cárcel.