Vivienda cifra en un 0,5% los fraudes detectados en los alquileres públicos

La vivienda ha vuelto a salir a debate este jueves en el Parlamento vasco. Y no por la falta de vivienda asequible, el índice de precios de referencia, las ayudas al arrendamiento o por los planes de construcción a futuro del Gobierno vasco, sino por los casos de fraude que cada año el Ejecutivo detecta en su parque público.

En un tenso debate iniciado a raíz de una proposición no de ley presentada por el Partido Popular para «aumentar el número de inspecciones antifraude» en pisos de titularidad pública, «incrementar los importes de las sanciones» y crear un «buzón gratuito» para que los ciudadanos puedan alertar sobre una posible irregularidad, el socialista Adrián Fernández ha sostenido que de las 25.000 inspecciones a pisos públicos que los técnicos del Gobierno vasco han realizado en los últimos tres años, «solo en un 0,5% se ha producido un fraude». El parlamentario ha remarcado que «la mayoría de los casos que se computan inicialmente como irregulares (1.887 en tres años) ocurren porque los inspectores en un primer momento no localizan a nadie en la vivienda».

La parlamentaria del PP, Ana Morales, ha defendido que la caída de las sanciones y la rebaja en el número de inspecciones se traduce en «que cometer un fraude salga gratis» en el País Vasco y ha achacado al Gobierno vasco que no se «equiparen los esfuerzos en la lucha contra el fraude en pisos turísticos a las VPO». «Con 100.000 personas a la espera de un piso público, las inspecciones se han reducido de un año a otro y las irregularidades se han multiplicado por tres. Y aun así, se ha sancionado menos», ha recalcado.

Según una respuesta parlamentaria reciente, en el conjunto de Euskadi, los inspectores detectaron inicialmente un fraude en 1.102 viviendas, pero solo se sancionó a seis, tres en Bizkaia y las otras tres en Gipuzkoa, tras comprobar los motivos defendidos por los adjudicatarios.

El debate ha provocado el choque frontal entre PSE, PNV, EH Bildu y Sumar frente el PP, a quien le han achacado querer generar «alarma social». «Igual su propósito no es representar a la ciudadanía, sino polarizar. El problema que nos ha traído este jueves al Parlamento no alcanza ni el 1% de los casos», ha sostenido el socialista Fernández. El jeltzale Jonatan Moreno ha pedido «no obviar, ni exagerar» y desde Bildu han sostenido que el «propósito del PP es asimilar la clase obrera como delincuentes». Solo Vox ha evitado criticar a los populares, asegurando que el Gobierno vaco se está «abstrayendo» de hacer inspecciones.

Por contra, Morales ha juzgado que «la posición de los partidos sea de matar al mensajero y no criticar a los que no cumplen».

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