El Gobierno vasco quiere hacerse con una bolsa de suelo público por ley para construir más VPO

El responsable autonómico no ha especificado si lo que se plantea es reducir el porcentaje de suelo urbano del planeamiento que por ley corresponde a los ayuntamientos (15%), y que supone una importante inyección económica en la financiación local, o si se baraja otra opción. Tan solo se ha limitado a confirmar que la reserva estratégica de suelo, que ya anunció el lehendakari, Imanol Pradales, a principios de año aún se está «negociando con Eudel», que la finalidad es «compartir suelo» y que las cesiones serán «automáticas». Hasta ahora, los suelos que ha dispuesto el Departamento de Vivienda han sido o transferidos de manera gratuita por los municipios o comprados.

El consejero ha especificado que uno de los pilares que sustentan el plan director trianual es precisamente ese: lograr suelo para elevar el parque público de vivienda actual, cifrado en 74.000 pisos. Otro es crear un fondo social por la vivienda que combine capital privado y público a través de inversores y aportaciones del Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial. El documento, que marcará la hoja de ruta que seguirá la política de vivienda vasca en los próximos tres años, ve en la colaboración público-privada un aliado fundamental para «apalancar mayor inversión». Todo ello con el objetivo de «poner a disposición de la ciudadanía» 5.250 alquileres asequibles en tres años, 7.000 de cara a 2028 y avanzar hacia las 116.000 viviendas protegidas, de compra y alquiler, recogidas en el Pacto Social por la Vivienda para el año 2036.

La mayor parte de los objetivos que conforman el plan trianual, que se remitirá al Parlamento en los próximos días, no son nuevos. Algunos están incorporados en el acuerdo de gobierno firmado entre PNV y PSE en junio del pasado año. Y otros, como las reformas normativas, se vienen anunciando meses atrás. En cualquier caso, el informe es la «principal herramienta de planificación» del Gobierno en materia de vivienda y materializa las acciones que el departamento llevará a cabo como solución a la «emergencia habitacional» que padece la comunidad. Y es que el acceso a la vivienda, por su carestía y escasez, es hoy un drama, sobre todo para los jóvenes. El 80% de las personas con necesidad de un hogar no dispone de los ingresos necesarios para afrontar el pago del alquiler en el mercado libre, según informes oficiales. Asimismo, los demandantes de vivienda que están emancipados destinan el 39% de su sueldo a la vivienda.

Así las cosas, el plan director se sustenta en tres fundamentos políticos -reformas, recursos y acuerdos con los ayuntamientos- y cinco ejes estratégicos: la promoción de vivienda asequible, rehabilitación del parque edificado, ayudas y prestaciones, transformación del sector de la construcción hacia la industrialización y la gobernanza. Además de impulsar la construcción, el documento contempla simplificar los procesos urbanísticos a través de la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, que el Gobierno vasco espera que pueda aprobarse «antes de final de año» o impulsar las zonas tensionadas en más municipios. Itxaso ha apuntado que «pese a que Euskadi ha hecho muchas cosas bien, la demanda nos ha superado». De ahí que defienda un «cambio» de las políticas de vivienda.

Por otro lado, el departameto reforzará las ayudas autonómicas al alquiler, como el programa Gaztelagun, un subsidio de hasta 300 euros dirigido a menores de 36 años. El Ejecutivo autonómico quiere elevar los ingresos máximos para acceder al mismo hasta los 30.000 euros y que al mismo puedan acceder además de los que viven en un piso, aquellos que tienen «arrendada una habitación».

En cuanto a las reformas normativas el Gobierno vasco aprobará la Ley y el Decreto de Medidas Urgentes, documentos que permitirán agilizar los procesos de construcción, reducir hasta el 60% la exigencia de VPO en las promociones o activar un régimen sancionador frente a «usos inadecuados o especulativos» de la vivienda. A través del decreto, ya en exposición pública, también se dará luz verde a aumentar el cupo de VPO destinado a jóvenes al 50% e incrementar los límites máximos de ingresos para acceder a la vivienda pública. Asimismo, se promoverá el canon de pisos deshabitados, una medida vigente desde 2021 y que por el momento solo ha sido implementada en Azpeitia.

El documento, según ha asegurado el consejero, ha contado con participación directa de la ciudadanía. En este sentido, el 58% de los encuestados apoyó que el 50% de las VPO se destine a los jóvenes. Otro 22% consideró que el porcentaje debería incluso ser superior. Por otro lado, nueve de cada díez cree que es positivo que se aplique el canon de vivienda vacía para movilizar los pisos.