El PNV apura el diálogo con el PSE para blindar el euskera en las OPE ante la presión de Bildu

El debate ha empezado definitivamente a coger velocidad a marchas forzadas. El objetivo declarado del lehendakari es lograr de aquí a 2027 «un gran acuerdo» para la «revitalización» del idioma, pero a corto plazo, ya mismo, se buscan «soluciones» ante la treintena de fallos judiciales que han invalidado la exigencia del euskera en varios ayuntamientos y diputaciones. Se trata de un escenario endiablado para el PNV, que junto a EH Bildu y la comunidad euskaltzale denuncia una «ofensiva judicial» y quiere impulsar un blindaje legal ante ella, pero al mismo tiempo no desea una nueva guerra con su socio, el PSE-EE, que no compra ese marco y que antepone los derechos laborales a los lingüísticos.

En esas diferencias viene hurgando las últimas semanas EH Bildu, que ya llevó mociones al Parlamento vasco y a las Juntas Generales en las que se evidenció la incomodidad de un PNV abocado a permanentes equilibrios. Y ahora, en un nuevo nivel de presión, la coalición soberanista ha decidido apretar el acelerador a fondo y llevar un texto articulado a la Cámara autonómica que obligará a los jeltzales a retratarse. La iniciativa consiste en una «reforma estructural» de la Ley de Empleo Público Vasco para «devolver seguridad jurídica al sistema» y «ofrecer una salida política y técnica que recupere el equilibrio y la legitimidad democrática» del modelo de perfiles lingüísticos.

El plan de la principal fuerza de la oposición supondría dar la vuelta por completo al sistema en vigor. En la actualidad, la exigencia del euskera en la función pública se aplica sólo a aquellas plazas previamente determinadas por la administración correspondiente en función de la realidad sociolingüística de cada lugar. Con el planteamiento de EH Bildu, en cambio, se partiría del principio justamente inverso: «La exigencia del conocimiento de ambas lenguas (también el castellano) sería general, pudiendo exceptuarse, de forma justificada y objetiva, aquellas plazas determinadas por los poderes públicos». Aun así, en esos casos siempre se valoraría el euskera como mérito.

La toma en consideración de esta proposición de ley, paso previo al inicio de su tramitación y debate en profundidad por los grupos, previsiblemente no se abordará en el Parlamento hasta después de las vacaciones de verano, pero antes el Gobierno vasco de PNV y PSE-EE, como siempre ante estas iniciativas, deberá emitir su criterio favorable o desfavorable al respecto. Por lo pronto, ayer la consejera portavoz, Maria Ubarretxena, recién informada de la propuesta, no quiso dar nada por sentado. Se limitó a decir que la revitalización del euskera «no se conseguirá únicamente con un cambio puntual en una ley concreta» y que si acaso podría ser una «medida complementaria».

Alternativa al desacuerdo

En el PNV tampoco entusiasma la iniciativa de EH Bildu y dan máxima prioridad a conseguir un acuerdo con el PSE-EE para «dar seguridad jurídica a quienes se presentan una OPE y garantizar los derechos lingüísticos de los euskaldunes». Aitor Esteban lleva semanas implicado en primera persona en la negociación, pero los socialistas no dan su brazo a torcer y han rechazado todas las propuestas remitidas hasta el momento por Sabin Etxea. Ayer el secretario general, Eneko Andueza, volvió a situar los derechos laborales por encima de los lingüísticos y estableció el punto de encuentro en el decreto de normalización que ya fue aprobado el año pasado: «Es muy acertado e idóneo para la situación».

Fuentes oficiales del EBB apuntan que a lo largo de estos días se hará «un último intento» para cerrar un pacto y que esta misma semana darán cuenta del resultado de las conversaciones. Otras voces jeltzales consultadas por este periódico asumen que no habrá entendimiento y que habrá que explorar nuevas vías al margen del socio de gobierno. Adherirse al plan de EH Bildu no parece una opción porque supondría ir al rebufo de la oposición y poner en jaque el futuro de la coalición con el PSE-EE. La alternativa más factible, por tanto, consistiría en presentar una propuesta en solitario en el Parlamento vasco para situar la pelota en el tejado del resto de grupos, si bien esta opción tampoco estaría exenta del riesgo de una nueva disputa interna con los socialistas.